Condenan a dos camioneros bolivianos por intentar sacar de Salta 35 toneladas de acetato de etilo

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, a cargo de la jueza Marta Liliana Snopek, homologó el 22 de octubre las condenas dictadas contra Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, dos conductores de camiones de nacionalidad boliviana. Según consta en la causa, ambos fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización. La pena fijada fue de cuatro años y ocho meses de prisión.

El hallazgo en Aguas Blancas

El hecho se produjo el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta. Los vehículos transportaban 191 tambores con un total de 35.144 kilos de acetato de etilo, un solvente controlado que se utiliza en la elaboración de clorhidrato de cocaína.

• La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba.
• Los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino antes de llegar a Aguas Blancas.
• Al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), los investigadores comprobaron que las patentes no estaban habilitadas para esa operación.

La adulteración de la autorización

La fiscalía determinó que la autorización había sido modificada: alguien incorporó las patentes de los camiones en un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al traslado. Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

Acuerdos y cooperación internacional

Los condenados aceptaron las penas propuestas por el fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. La investigación tuvo alcance internacional: la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación vinculada a un allanamiento.