Córdoba: la Defensoría del Pueblo advierte esperas de hasta catorce meses para acceder a terapias, prótesis y medicamentos en discapacidad

En los pasillos de los hospitales públicos de la Ciudad de Córdoba, donde funcionan las juntas evaluadoras que otorgan el Certificado Único de Discapacidad, las mamaderas con leche preparada, las sillas de ruedas plegadas contra la pared y los papeles arrugados de turnos otorgados hace semanas dibujan una postal cotidiana: la de familias que peregrinan durante meses para conseguir una cita, una rehabilitación, una prótesis o un medicamento que no llega cuando debería llegar. Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia el 5 de octubre de 2026 se hizo eco de esas esperas y las tradujo en un documento que describe, con voces de los propios protagonistas, cómo los obstáculos administrativos se transforman en gastos de bolsillo, en tratamientos interrumpidos y en una sobrecarga de cuidados que, según los testimonios recogidos, recae de manera casi exclusiva sobre las mujeres.

La Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras distribuidas en siete hospitales, dos de los cuales son pediátricos, y la Defensoría del Pueblo relevó que en esos establecimientos la asignación de turnos se estira entre dos y tres meses. El relevamiento, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, no pretende ser una medición estadística de la totalidad de los casos sino una radiografía cualitativa de los principales cuellos de botella que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias al intentar acceder a derechos que, en los papeles, están garantizados.

Terapias, prótesis y medicamentos: plazos que se miden en estaciones

Cuando se trata de conseguir una prótesis o un medicamento específico, los tiempos se dilatan todavía más. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del informe, señaló demoras que van de los cuatro a los nueve meses en el caso de prótesis y medicamentos, mientras que el ingreso a centros de rehabilitación puede demandar entre nueve y catorce meses. Esos rangos, advirtió la Defensoría, corresponden a lo expuesto por las personas entrevistadas y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, ya que la espera depende del tipo de prestación, de la obra social o del programa estatal involucrado y de la disponibilidad en cada efector.

Mientras tanto, las familias no se quedan quietas: pagan de su propio bolsillo sesiones de kinesiología, fonoaudiología o apoyo escolar, contratan transportes especiales y sostienen durante meses tratamientos que deberían estar cubiertos. Una madre entrevistada en el marco del relevamiento contó que lleva alrededor de dos años pagando atención particular y que, sólo en sesiones, desembolsa entre 150.000 y 180.000 pesos por mes. El dato, lejos de ser anecdótico, ilustra un patrón que el informe repite en distintos testimonios: las obras sociales y los programas del Estado llegan tarde, los prestadores no quieren esperar y la diferencia la termina pagando el bolsillo familiar.

“En la mayoría de los casos, las que se quedan en la casa o reducen su jornada laboral son las mujeres, madres o hermanas que reorganizan su vida alrededor de los turnos, las terapias y los traslados.”Informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba

Prestadores ahogados: aranceles atrasados y nafta que duplica al reconocimiento por kilómetro

El informe no se limita a describir la mirada de las familias: también pone el foco sobre quienes deberían brindar las prestaciones y advierte que, en muchos casos, son ellos mismos los que están asfixiados financieramente. Los pagos de obras sociales y de programas estatales acumulan atrasos de varios meses y, en algunos casos, de hasta un año, lo que compromete la continuidad de los servicios. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 336%, una brecha que recortó el ingreso real de los prestadores y que el documento vincula con la decisión de varias instituciones de reducir gastos de funcionamiento, suspender prestaciones o directamente cerrar.

• Certificado Único de Discapacidad: turnos en juntas evaluadoras con esperas de dos a tres meses en hospitales pediátricos de la Ciudad de Córdoba.
• Prótesis y medicamentos: demoras de entre cuatro y nueve meses, según los casos relevados.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de entre nueve y catorce meses.
• Gastos de bolsillo: una familia entrevistada gastaba entre 150.000 y 180.000 pesos por mes sólo en sesiones de terapia.
• Aranceles: los valores del nomenclador nacional subieron 225% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una inflación del 336%.
• Transporte: la nafta súper aumentó 559% y el reconocimiento por kilómetro, sólo 231%, en el mismo período.

En ese mismo tramo, la diferencia entre lo que sube la nafta y lo que el Estado reconoce por kilómetro recorrido se volvió un agujero especialmente visible: la nafta súper trepó 559%, mientras que el valor pagado por kilómetro se actualizó apenas 231%, una brecha que, según el documento, explica por qué muchos transportes especiales dejaron de ser rentables y, con ellos, se reduce todavía más la oferta de traslados para quienes más los necesitan. La Defensoría describió instituciones que achicaron gastos de funcionamiento, suspendieron prestaciones o directamente cerraron sus puertas como consecuencia de ese desfasaje.

Lo que el organismo dice en su informe y lo que se ve en los pasillos, en los grupos focales y en los formularios se parece demasiado: familias que esperan meses, prestadores que no cobran, aranceles que corren detrás de la inflación y un transporte cada vez más caro que termina de empujar a las instituciones al borde del cierre. La pregunta que deja picando el documento es cuánto más puede sostenerse esta cadena de demoras sin que los derechos que la ley reconoce en el papel se sigan desinflando, turno a turno, en la práctica.