Detenciones, embargo por 100 millones de dólares y una terminal del puerto rosarino bajo sospecha de lavado y narcotráfico

Un grupo de cinco fiscales federales impulsa esta semana un pedido de detenciones en una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público sirvió para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de drogas en Rosario. El expediente tramita en el Juzgado Federal de Apóstoles, bajo la carátula por lavado de activos y asociación ilícita vinculada al narcotráfico, según consta en la causa.

El hecho se produjo, según la investigación, en el ámbito de Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria del puerto local. El eje de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de esa terminal. En 2023, un tribunal ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

Los fondos que llegaron desde Cataluña

La causa actual agrega otra capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema en tres pasos

• Primero, el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Luego, entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como inversión salía como precio de venta.
• Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales señalan al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de ocultar el origen y el destino de los fondos. La maniobra, descrita en el dictamen fiscal, habría permitido que el dinero recorriera un circuito societario y bancario sin quedar expuesto a los controles de prevención de lavado.

El embargo solicitado por el Ministerio Público Fiscal asciende a unos 100 millones de dólares, monto que los representantes del Estado consideran proporcionado al volumen de operaciones bajo sospecha. En el listado de bienes a alcanzar se incluyen inmuebles, vehículos y cuentas bancarias vinculados a los imputados, detallaron fuentes con acceso al expediente.

Cómo sigue la causa

El pedido de detención quedó radicado en el Juzgado Federal de Apóstoles, que debe resolver si ordena las capturas y los allanamientos solicitados por los cinco fiscales. Una vez cumplidas esas medidas, los indagados serán citados a prestar declaración en el marco del expediente, y la defensa podrá presentar la documentación que considere para acreditar el origen de los fondos. La instrucción se encuentra en etapa de investigación preparatoria y la próxima instancia será la audiencia de imputación formal ante el juez competente.