La Justicia federal procesó al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado de activos y le trabó un embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en una causa en la que se investiga lavado de activos y en la que, según consta en la causa, se le atribuye haber incorporado al circuito económico legal dinero que sería producto de la explotación sexual de mujeres. La resolución, dictada en los tribunales federales de Comodoro Py, dispone además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. El hecho se produjo en el marco del expediente que la magistrada tramita desde 2013 y que tuvo como uno de sus ejes la discusión entre la defensa y el juzgado acerca de las fechas de las maniobras investigadas.

El planteo de la defensa y los plazos cuestionados

Durante la indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En ese descargo señaló que las 26 operaciones que se le imputan —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y que por lo tanto eran anteriores al período que la Justicia tuvo por acreditado para el delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, afirmó que ese antecedente se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que en relación con otros nueve establecimientos las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos del juzgado para procesar

Servini consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento. La magistrada explicó que una sociedad constituida con anterioridad al delito investigado puede ser utilizada luego para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no bastaba, a su criterio, para descartar las maniobras. En la resolución evaluó en forma conjunta la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares, y concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final en los registros.

• Procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos.
• Embargo sobre los bienes del imputado por 300 millones de pesos.
• Discusión central entre la defensa y el juzgado: las fechas de las operaciones atribuidas.
• Uso de sociedades argentinas y extranjeras y participación de familiares, según el análisis de la jueza.
• Inicio de la investigación: 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad.
• Martins, de 77 años, fue detenido en México en 2019 y trasladado desde Cancún a la Argentina.

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013 a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Con el correr de los años la pesquisa se amplió hacia otras propiedades y hacia la estructura societaria que las administraba, hasta llegar al análisis de las operaciones que motivaron el procesamiento actual. Martins, exintegrante de la SIDE y de 77 años, había sido detenido en México en 2019. Su traslado a la Argentina desde Cancún estuvo a cargo de autoridades de ese país y de fuerzas de seguridad argentinas, en el marco del pedido de captura internacional que pesaba en su contra.

De acuerdo con lo resuelto por Servini, el expediente queda ahora a la espera de que la defensa concrete la apelación correspondiente ante la Cámara Federal de Casación Penal o ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, según corresponda, instancia que deberá revisar tanto el procesamiento como la prisión preventiva y el embargo dispuesto sobre los bienes del imputado.