Un proyecto en el Congreso cambia el tratamiento fiscal de los CEDEARs y permite vender plazos fijos antes del vencimiento
La iniciativa alcanza a los CEDEARs comprados desde el 31 de octubre de 2026 y crea un mecanismo para negociar plazos fijos largos en el mercado de capitales.
Un proyecto ingresado al Congreso de la Nación introduce modificaciones en las reglas de dos instrumentos de ahorro e inversión. Los cambios afectan de manera directa a quienes colocan su dinero o invierten por fuera del sistema bancario tradicional, y su aprobación es requisito indispensable para que entren en vigor.
CEDEARs: la ganancia por compraventa deja de estar exenta
Los CEDEARs son certificados que permiten adquirir desde la Argentina acciones de empresas que cotizan en mercados del exterior. Hasta el momento, la diferencia entre el precio de compra y el de venta estaba exenta del impuesto a las Ganancias. Con el nuevo esquema, esa diferencia tributaría para los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el activo subyacente tampoco goce de exención cuando se compra de forma directa.
Las tenencias anteriores a esa fecha no se verían alcanzadas por la medida. Además, los dividendos provenientes del exterior ya se encuentran gravados, de modo que la modificación se concentra exclusivamente en el resultado de la compraventa.
Plazos fijos largos con posibilidad de venta en Bolsa
El segundo cambio apunta a los depósitos de largo plazo. Quien constituya un plazo fijo a 365 días, o al plazo mayor que determine el Banco Central, recibiría un certificado negociable en Bolsa. Si el titular necesita recuperar los fondos antes del vencimiento, podría vender ese certificado a otro inversor.
La propuesta no equivale a una precancelación. El precio surge del mercado y puede ubicarse por encima o por debajo del capital originalmente depositado. Se trata, en consecuencia, de una herramienta de liquidez y no de una garantía de recuperar lo invertido.
Adelanto de cobros para comercios
La reforma también contempla una vía para que los comercios adelanten el cobro de ventas con tarjeta. Cada operación autorizada generaría un título electrónico que el negocio podría colocar en mercados regulados para recibir los fondos antes de su acreditación habitual. El costo sería un descuento sobre el monto, en un esquema similar a los servicios de anticipo ya existentes, aunque con más competidores. El objetivo declarado es que el comercio de menor tamaño acceda a mejores condiciones.
En cuanto a los plazos de aplicación, algunas medidas podrían implementarse de inmediato tras la promulgación de la ley, mientras que otras tienen plazos de implementación de hasta 360 días.
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