Chacho debate una red pública de salud mental que se sostenga en los territorios y no se caiga después de cada crisis

En el corazón húmedo del Chaco, donde los pueblos se distribuyen entre bañados, monte duro y rutas largas que se pierden entre las localidades, la discusión por la salud mental dejó hace tiempo de ser un tema de consultorio para transformarse en un asunto de Estado. En la Legislatura provincial ya circula un proyecto que promete cambiar de raíz la manera en que la provincia atiende a quienes atraviesan crisis, internaciones o duelos silenciosos, y que apuesta por llevar los equipos profesionales hasta los barrios, los parajes rurales y las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos.

Una red que no parte de cero pero quiere dejar de funcionar a los tropezones

La iniciativa, que se conoce como creación de la Red Provincial de Salud Mental Comunitaria, no propone construir desde la nada sino articular lo que ya existe. Según el texto que se discute en el parlamento chaqueño, el objetivo es poner bajo una misma estructura a los dispositivos, programas y profesionales que hoy se mueven de manera dispersa dentro del sistema público, para evitar que cada paciente quede librado a la suerte del efector que le toque en suerte o de la gestión de turno. La provincia, con sus más de trece millones de hectáreas de extensión y una población distribuida en localidades pequeñas separadas por cientos de kilómetros, arrastra desde hace años un problema conocido por cualquier trabajador del sistema: hay recursos, pero no siempre están coordinados, y en materia de salud mental esa falta de coordinación suele pagarse con internacionales evitables, seguimientos cortados a mitad de camino y familias que quedan a la deriva.

El modelo que se discute en la Legislatura chaqueña divide al territorio en nodos regionales de salud mental, alineados con las regiones sanitarias que ya funcionan en la provincia. Cada nodo tendrá la tarea de relevar la situación de su población, mapear los servicios disponibles y detectar las barreras de acceso, en una provincia donde la distancia y el aislamiento geográfico pesan tanto como la falta de profesionales. En esa misma línea, se prevé la incorporación progresiva de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y acompañantes terapéuticos, una figura esta última que en los últimos años se volvió clave en el acompañamiento cotidiano de los pacientes.

• Consultas ambulatorias en centros de salud y hospitales.
• Visitas domiciliarias para pacientes con dificultades de movilidad o en zonas rurales.
• Intervenciones en crisis y seguimiento posterior a internacionales.
• Centros comunitarios, hospitales de día y espacios de rehabilitación psicosocial.
• Dispositivos de acompañamiento familiar con énfasis en la integración educativa, laboral y social.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el que se ocupa de lo que sucede después de una crisis o de una internación. En el Chaco, como en buena parte del país, el momento del alta suele ser un punto ciego del sistema: el paciente vuelve a su casa, la familia se reorganiza como puede y el riesgo queda latente sin un equipo que acompañe de manera sostenida. Para revertir esa lógica, la iniciativa establece la obligación de elaborar un Plan Individual de Cuidados en los casos que lo requieran, con un equipo responsable asignado y un abordaje que contemple no solo al paciente sino también a su entorno familiar y comunitario, una demanda que las asociaciones de usuarios y de familiares vienen planteando desde hace años.

En paralelo, el proyecto propone una estrategia provincial de atención de crisis en salud mental disponible las veinticuatro horas durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Cada región deberá definir protocolos concretos para recibir consultas, evaluar al paciente, actuar ante situaciones de riesgo y garantizar la continuidad del seguimiento, lo que en la práctica significa que ningún punto de la provincia debería quedar sin una respuesta clara frente a una emergencia psiquiátrica o psicológica. La iniciativa pone números a su propio cronograma: si la Legislatura la convierte en ley, el Ministerio de Salud provincial tendrá ciento ochenta días para presentar un plan de implementación con metas a cinco años, un detalle que los legisladores oficialistas y opositores coinciden en señalar como una manera de evitar que la norma quede en el papel.

Suicidio, duelo y la pregunta que queda sobre la mesa

La prevención del suicidio tiene un capítulo propio dentro del proyecto. El texto propone integrar los programas provinciales que ya están en marcha, priorizar el seguimiento de personas en situación de riesgo y desarrollar acciones de posvención para quienes atraviesan el duelo por estos hechos, una pata que suele quedar fuera de los manuales pero que las organizaciones civiles vienen reclamando como indispensable. Los trabajadores de los servicios involucrados recibirán capacitación, aunque el material de base consultado queda trunco en este punto y no permite precisar el alcance ni los contenidos previstos, una omisión que en la práctica abre interrogantes sobre cómo se sostendrá la formación en una provincia con déficit crónico de profesionales.

Mientras el debate avanza en la Legislatura, en el terreno el contraste es cotidiano: los equipos de salud mental que ya trabajan en hospitales y centros comunitarios del Chaco suelen moverse con recursos ajustados, con turnos que se cubren como se puede y con el lógico agotamiento de quienes sostienen la atención en condiciones difíciles. La pregunta que queda picando, y que el proyecto no termina de responder, es si esta red funcionará como una herramienta concreta de transformación o si quedará engavetada en la larga lista de buenas intenciones que el sistema público de salud arrastra desde hace décadas, sobre todo en una provincia donde la distancia, la ruralidad y la falta de profesionales especializados hacen que cada kilómetro recorrido por un equipo territorial sea, en sí mismo, una política de Estado.