Salud mental en Argentina: las internaciones se disparan 42% en tres años y el sistema público siente la presión

La sala de espera del hospital público como termómetro de una época. Allí, en ese pasillo iluminado con tubos fluorescentes donde las sillas nunca alcanzan y las revistas están vencidas, se concentra buena parte de la crisis que un nuevo relevamiento federal intentó cuantificar: las internaciones por problemas de salud mental crecieron 42% en la Argentina entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses, y las consultas ambulatorias en guardias y centros comunitarios aumentaron 23% en el último año, según el informe coordinado por la Universidad Nacional de Lanús con datos de las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias.

Las jurisdicciones que aportaron información fueron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto reúnen a más del 70% de la población del país. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro, en un trabajo que las propias autoridades provinciales describieron como el primer relevamiento federal de esa magnitud sobre el funcionamiento real de los sistemas públicos de salud mental.

Niños, adolescentes y quienes se quedaron sin cobertura

El informe registró una mayor demanda de atención por parte de niñas, niños y adolescentes, un dato que coincide con lo que vienen señalando pediatras y equipos escolares en distintas regiones. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental, una cifra que da cuenta del desplazamiento de la demanda desde los consultorios especializados hacia las puertas de emergencia de los hospitales generales.

Otro de los fenómenos identificados es la migración de pacientes desde el sistema privado hacia el público: personas que perdieron su cobertura de obra social o prepaga y pasaron a depender exclusivamente de los hospitales y centros de salud del Estado. Esa transferencia explica parte del crecimiento de la demanda en jurisdicciones donde el mercado de las prepagas se contrajo con fuerza durante los últimos años.

Más camas, pero equipos sobreexigidos

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales del país, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, las autoridades provinciales señalaron que esas capacidades están sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que persisten dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada.

Qué reclaman las provincias y qué se debate en el Congreso

• Aumentar la inversión específica en salud mental dentro de los presupuestos sanitarios.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, con incentivos para cubrir cargos en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
• Garantizar el acceso a medicamentos psiquiátricos, que en varias provincias presenta faltantes recurrentes.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, hoy fragmentada entre jurisdicciones.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, debilitada en los últimos años.

El informe fue presentado en el Senado en el marco del debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, que es una de las normas más reconocidas del sistema sanitario argentino. Las autoridades provinciales plantearon ante los legisladores que la propuesta en discusión elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos, una advertencia que choca de lleno con los números del propio relevamiento.

La fotografía que deja el trabajo es la de un sistema que crece en infraestructura pero no al ritmo de la demanda, que incorpora camas pero no logra llenarlas de profesionales, y que atiende cada vez a más personas en guardias pensadas para otra cosa. La pregunta que queda abierta, mientras el Congreso define qué ley regirá los próximos años, es si la Argentina está dispuesta a invertir a la altura de una crisis que, según los datos, ya dejó de ser silenciosa.